Hace falta integrar con más visión estratégica a los centros tecnológicos en el ecosistema de ciencia y tecnología español. Son la llave para que los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al menos aquella parte de los fondos destinada a actividades de I+D, otorgue protagonismo a las pymes, identificadas por la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 como el punto crítico de actuación para cambiar el modelo productivo.
Al margen de algunos aspectos puntuales mejorables relacionados con la gestión, de los que no se puede exculpar tampoco a universidades y organismos públicos de investigación (a ver quién se atreve a tirar la primera piedra), disponemos un mapa de centros con implantación autonómica y acción internacional, con elevados niveles de eficiencia investigadora e indudable impacto en el tejido empresarial… pero sin visión de conjunto desde la Administración central.
Hay muchas manifestaciones de este mal al que el colectivo se empeña en poner fin desde hace años. Desde las dificultades para que empresas de otras comunidades autónomas accedan a ayudas regionales allí donde están ubicados los centros tecnológicos, y viceversa, hasta el hecho de que resulte más sencillo obtener financiación para proyectos de colaboración con fondos europeos que con estatales. Business as usual.
Por no hablar del sainete protagonizado por los partidos políticos a cuenta de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público introducida en la última Ley de Presupuestos, para que las empresas que forman parte de los órganos rectores puedan trabajar ¡con su propio centro tecnológico! y para solucionar el problema de los encargos inferiores a 15.000 euros.
El texto de la enmienda promovida por el PNV en el acuerdo presupuestario a tres bandas con PSOE y ERC llegó mutilado y desorientado. Se intentó remediar en el Senado a través del grupo Compromís, que no pintaba nada en la alianza de partidos, y finalmente se diluyó en el texto de la ley sin pena ni gloria. Y ahí está. Todo, porque no hay nadie en el Gobierno ni en ningún grupo parlamentario del Congreso con criterio para saber que lo que se estaba poniendo en el proyecto de ley era una barbaridad.
Que llega el momento de los centros tecnológicos, porque hay una necesidad que deben cubrir, es algo tan evidente que la patronal del sector tecnológico Ametic ha bautizado su iniciativa Ricardo Valle Innovation Network como el 'Fraunhofer español'. El referente alemán maneja un presupuesto anual de 2.800 millones de euros, son palabras mayores, pero la clave es saber hacia dónde nos tenemos que encaminar.
Después de unos meses de falta de comunicación, sin mala intención por ninguna de las partes, parece que Ametic ya ha tendido puentes con los centros tecnológicos, que existen desde hace décadas, la mayoría integrados en la red Fedit, con infraestructuras de investigación potentes, en muchos casos en la vanguardia mundial. Juntos barajan convertir el proyecto en un PERTE (Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Quizás sea la vía para conseguir esa articulación del modelo que necesita España.
No porque lo diga yo. El informe “Modelos de innovación abierta: una aproximación autonómica”, de la Fundación Cotec, analiza los casos de la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Cataluña, y su conclusión es muy potente: “A diferencia de Cataluña o Madrid, en el diseño de políticas del País Vasco se ha potenciado en mayor medida la innovación abierta de las empresas fomentando la actividad de los centros tecnológicos, que promueven la participación de muchas empresas en proyectos de innovación debido a la descarga que significa para ellas la posibilidad de externalizar parte de las actividades, incluyendo cuestiones tan complejas (particularmente para las pymes) como son la identificación de oportunidades tecnológicas y la planificación de proyectos”.
El resultado de esta apuesta por los centros tecnológicos es que “la estrategia de innovación abierta es comparativamente más rentable, desde el punto de vista del desempeño innovador, para las empresas del País Vasco. No sólo alcanzan niveles mayores en términos de las ventas de productos nuevos (como porcentaje de su cifra de negocio), sino que esos mayores niveles se alcanzan con un grado de apertura mayor. Es decir, en el punto en que la estrategia de innovación abierta comienza a mostrar rendimientos decrecientes en las empresas de Cataluña y Madrid, el desempeño de las empresas del País Vasco despega hacia niveles superiores”, continúa el informe de Cotec, el más explícito en la materia de los publicados hasta ahora.
“El papel de los centros tecnológicos en el País Vasco es de la mayor transcendencia para explicar las cifras de esta región, tanto respecto de sus niveles de I+D empresarial como en cuanto a su conducta de formación de redes para la innovación (es decir, en cuanto a su estrategia de innovación abierta)”, vuelve a subrayar. Y sostiene que el papel de los centros tecnológicos “en la cadena de valor del conocimiento debe reconsiderarse como una solución práctica en la construcción de un tejido empresarial más productivo e innovador. Además de los casos europeos que se han apoyado en esta estrategia (como Alemania con los Institutos Fraunhofer, Holanda con el TNO, o Finlandia con el VTT, entre otros), el caso de la política de innovación del País Vasco puede iluminar nuestra visión de futuro sobre el papel de los intermediarios del conocimiento, y sobre las oportunidades y retos que tal estrategia plantea”.
La actitud distante con el modelo de centros tecnológicos por parte del Gobierno central no es nueva, forma parte de la errática política industrial que ha llevado a cabo nuestro país durante décadas, a instancias tanto del PSOE como del PP. Pero ha llegado la hora de pensar a lo grande.
Quizás una de las vías para conseguirlo sería replicar a nivel nacional el modelo de institutos de fomento industrial que surgieron en las comunidades autónomas durante la década de los 80 del pasado siglo, responsables en muchos casos del florecimiento de la fórmula de centros tecnológicos. No existe un equivalente a nivel nacional, apenas una Dirección General que no cumple ese papel ni de lejos.
